La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicita al Estado mexicano la aplicación de medidas cautelares en beneficio de los pobladores afectados.
Publicado en: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
Fecha: 22 de marzo de 2018
Las organizaciones firmantes, integrantes del Colectivo de Organismos de la Sociedad Civil, de la Misión Civil de Observación Zona Altos, lamentamos y denunciamos la inacción de las autoridades municipal, estatal y federal para –luego de más de cuatro meses- atender adecuadamente la urgencia humanitaria de más de 5000 indígenas tsotsiles en desplazamiento forzado en el municipio de Chalchihuitán, Chiapas.
Denunciamos también que, luego de un fallido proceso de “Diálogo”, desarrollado a través de la instalación de una Mesa de Atención Interinstitucional realizada el 20 de diciembre de 2017, de la cual se desprendieron las igualmente fallidas Mesas temáticas (Seguridad, Ayuda Humanitaria, Agraria y Desarrollo Social) resultando a la fecha, en una total muestra de incapacidad y de una plena complicidad del Estado mexicano, que, lejos de resolver de raíz y de forma estructural la violencia y la impunidad existente, y garantizar efectivamente el inmediato retorno de todas las personas desplazadas de manera forzada, a sus casas y comunidades de origen, los grupos armados de corte paramilitar, continúan actuando impunemente, mismos que -como se ha venido denunciando públicamente desde nuestro primer pronunciamiento emitido el 15 de diciembre pasado- hoy día, tres meses después, han mantenido y extendido su acción intimidatoria.
Los gobiernos federal y estatal continúan negándose a aceptar y reconocer oficialmente el estatus legal de desplazamiento forzado interno, de todas las familias y personas bajo esta inhumana situación, reconocimiento que implicaría la aplicación inmediata de la Declaración de los “Principios rectores de Desplazamiento interno de la Organización de las Naciones Unidas” y de la “Ley para la prevención y atención del Desplazamiento interno en el estado de Chiapas”. En vez de ello nos han reportado que desde hace varias semanas, ha cesado la ayuda humanitaria prometida y anunciada por diversas instancias gubernamentales, presentándose en cambio, una inaceptable y corrupta injerencia de los partidos políticos en el proceso.
En ese contexto, como Colectivo de Organismos de la Sociedad Civil, integrantes de la Misión Civil de Observación Zona Altos,
Manifestamos:
1.- Nuestra reiterada preocupación e indignación por la gravísima crisis humanitaria, impunidad y violencia estructural, que, desde hace más de cuatro meses se vive en el territorio comunal y municipal de Chalchihuitán y zonas aledañas, producto de la aquiescencia con la que opera en la zona la delincuencia organizada, misma que, a través de la documentada acción impune de grupos armados de corte paramilitar, ha obligado al desplazamiento de más de cinco mil indígenas (la mayoría en situación de extrema vulnerabilidad: mujeres, niñas y niños, y ancianas y ancianos) provocando con ello, hasta el momento, la muerte documentada de once personas (mujeres, niños-as y ancianas-os), y manteniendo a la población desplazada en un permanente estado de angustia, miedo y sufrimiento, condición ejemplificada con el suicidio de un adolescente indígena, quien ingirió agroquímicos, que le provocaron una dolorosa y prolongada agonía.
2. De manera particular, expresamos nuestra mayor inconformidad, por la omisión del Estado mexicano (en sus tres niveles de gobierno) en relación a:
a) Considerar como prioridad y resolver la grave situación de supervivencia, que enfrentan los cerca de 500 niñas y niños y adolescentes, que permanecen en una inhumana condición de desplazamiento interno, que exacerbada por la histórica condición de injusticia, inequidad y pobreza extrema, en la que vive el 97% de la población total del municipio de Chalchihuitán, donde de por sí, la tasa de mortalidad infantil en niñas y niños menores es de 166 por cada mil, trece veces más que la establecida a nivel estatal. Con ello, se es omiso en la ejecución y coordinación de medidas de protección especial a la infancia desplazada, como lo marca la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Chiapas en los artículos 12, 41 y 100 que señalan que el Estado deberá proveer al menos, “alimentos indispensables, agua potable, cobijo y alojamiento básicos, vestido adecuado, servicios médicos y de saneamiento indispensables, así como la educación básica obligatoria” (art 12). Asimismo se ha incumplido con su obligación de garantizar el derecho de prioridad en la atención a la infancia y ha sido omiso en considerar el principio de Interés Superior en su actuación, como lo mandata el artículo 4o constitucional.
b) Atender de manera urgente la situación que sufre cerca del 70% de la población desplazada, conformada por mujeres, niñas y ancianas, población que por su condición de género, ejemplifica todas las vulnerabilidades que debieran ser consideradas dentro del protocolo de atención integral para estos casos. Las mujeres en situación de desplazamiento forzado enfrentan grandes cambios en su vida. En lo privado se altera la cotidianidad con que se realizan las tareas domésticas, los cuidados de los menores de edad y de las ancianas y ancianos, la distribución y uso del espacio, la tranquilidad emocional como personas y la convivencia con otras familias. En lo público, se profundiza la división sexual del trabajo, y con ello, una mayor discriminación en cuanto el acceso a alimentos y a la participación y toma de decisiones en procesos comunitarios organizativos y en particular, en el proceso de atención al conflicto, viéndose obligadas a asumir roles nuevos y diferenciados que las afectan en forma extrema, opuesto a la situación que viven los hombres desde su condición masculina.
En ese sentido, el Estado mexicano está siendo igualmente omiso en lo relativo a la Resolución 1325 de la Organización de las Naciones Unidas, que señala que las mujeres, niños y niñas se ven afectadas de manera especial por los conflictos armados, sean internos o no. En tal sentido, la citada resolución insta a los Estados a adoptar una perspectiva de género que tenga en cuenta las necesidades particulares de las mujeres y las niñas; en nuestro contexto, esto además implica considerar las particularidades culturales y sociales de las familias indígenas afectadas.
3.- Nuestro rechazo al establecimiento de una Base de Operación Mixta (BOM) en la zona Chalchihuitán-Chenalho, misma que, en el marco de la aprobación de la anticonstitucional Ley de Seguridad Interior, lejos de brindar una verdadera seguridad a la población local y a los integrantes de Misiones y caravanas de Observadores de Derechos Humanos, en los hechos significa, -además de la intimidatoria militarización que pone en riesgo el delicado proceso de diálogo y la posible conciliación entre la base comunitaria de ambos municipios- significa un seguro incremento en los índices de alcoholismo, prostitución, violencia de género; así como en el abuso, violación y embarazos de adolescentes.
4.- En ese contexto, como Colectivo de la Sociedad Civil, resaltamos la importancia de la resolución de la a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que solicita al Estado mexicano la aplicación de medidas cautelares en beneficio de los pobladores afectados.
Es importante señalar que la CIDH reflexiona en su resolución que ”La Comisión (…) considera que no cuenta con información que indique que el riesgo generado por grupos armados que tuvieron recientemente la capacidad de cortar carreteras y originar el desplazamiento forzado de aproximadamente 5,000 personas de sus comunidades de origen haya sido efectivamente mitigado”
El informe con el cual diera contestación el Estado mexicano a la solicitud de dichas medidas cautelares basa gran parte de su contenido en señalar cuantitativamente los víveres y asistencia médica destinada, siendo que incluso ha sido denunciado por los afectados que dicha ayuda humanitaria no llega en las cantidades declaradas. Así mismo intenta argumentar que ha cesado la situación de riesgo de nuevas agresiones fundándose en los diálogos intermunicipales así como en el hecho de que un aproximado de 65% de los desplazados han retornado. Denunciamos la minimización del riesgo hecha por el estado y lo responsabilizamos de cualquier nueva agresión propiciada por su postura siendo que el retorno no garantiza su seguridad y vida ya que continúan los disparos y en cualquier momento pueden escalar las agresiones.
Concordamos con lo determinado por la CIDH pues consideramos que la situación de riesgo no cesará en tanto el Estado mexicano no tome medidas para investigar al grupo armado respecto a su: 1) Conformación y estructura; 2) Financiamiento; 3) Relación o interés que tiene en el conflicto de índole territorial: 4) Relación con autoridades de los 3 niveles de gobierno; 5) Origen de las armas utilizadas; 6) Fuente del adiestramiento en el uso de las armas y para realizar operaciones coordinadas como la desplegada el día del desplazamiento, investigación que lleve a desarmarlo y desarticularlo.
Urgimos al Estado mexicano a acordar con los afectados medidas cautelares que lleven a una solución de fondo al riesgo a ser agredidos por el grupo armado reiteradamente señalado.
5.- Finalmente, manifestamos nuestro reconocimiento, solidaridad y apoyo, al grupo de líderes históricos y legítimos representantes de campamentos de desplazados forzados internos y de más de un millar de personas (mujeres, niñas y niños, ancianas y ancianos y hombres adultos) en esa condición, del municipio de Chalchihuitán, quienes, contando con el acompañamiento constante de la parroquia San Antonio de Padua, de Simojovel, San Pablo Chalchiuitán y de la organización Cáritas, de forma consciente y voluntaria, han decidido conformar una instancia colectiva autónoma y en resistencia pacífica, para defender los intereses y urgentes necesidades de todas las familias desplazadas que no aceptaron el retorno forzado y sin garantías, sumándonos totalmente a sus demandas centrales (desarme y desarticulación de grupos paramilitares; reconocimiento y declaración oficial de su situación como Desplazados forzados internos; garantías de retorno a sus comunidades de origen y libre circulación; así como reparación Integral de daños a todas las familias desplazadas)
Atentamente
Integrantes del Colectivo de Organismos de la Sociedad Civil,
integrantes de la Misión Civil de Observación Zona Altos
Campaña Popular Contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas: Mujeres y hombres de la regiones, norte, altos, sierra frontera, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), Brigada Feminista por la Autonomía, Casa Cereza, Casa de la Mujer de Palenque, Casa Gandhi, Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVIF), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC, Centro de Investigación y Acción para la Mujer Latinoamericana (CIAM), Grupo de Mujeres de San Cristóbal COLEM, El Paliacate Espacio Cultural, Formación y Capacitación (FOCA), Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH), Melel Xojobal, A.C, Promedios De Comunicación Comunitaria, Red de Mujeres Chiapanecas contra la violencia hacia las mujeres, Red Mesoamericana Mujer Salud y Migración, Save the Children, Semilla del Sur, Skolta’el Yu’un Jlumaltic, A. C. (SYJAC), Alianza Global Pediátrica, Estudiantes, fotógrafos, artistas, músic@s, medios libres y personas en lo individual
Colectiva Cereza
Maderas del Pueblo del Sureste, AC
Se adhieren y suscriben solidariamente este comunicado (en orden alfabético):
Carta Mesoamericana: información y servicio para comunidades migrantes
Colectivo Ingeniummex San Cristóbal de las Casas
Comité Nacional Para la Defensa y Conservación de los Chimalapas (CNDyCCh)
Ik Balam, Agencia de noticias ambientales
Organización para la Defensa de la Medicina Indígena Tradicional de Chiapas, AC (ODEMITCh)
Pacto de Grupos Ecologistas (PGE)
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos: Todos los Derechos para Todas y Todos. (Conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la república):
Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chiapas); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas).
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, a 22 de marzo de 2018
