Luis Hernández Navarro / La Jornada
En noviembre, los cafetos de Aldama, Chiapas, se visten de rojo. Las cerezas del aromático alcanzan su madurez óptima. Justo entonces, los cultivadores deben recolectar los granos a mano, uno a uno, dejando los verdes para más tarde. Si los frutos se quedan en el arbusto más tiempo, cambian de color y adquieren un sabor amargo y avinagrado.
Pero este noviembre, los pequeños productores de Aldama no pueden cosechar su café. Como tampoco pudieron recogerlo en su totalidad el año pasado ni en 2018. Hacerlo, pone en riesgo su vida. Cuando caminan a sus huertos, los paramilitares de Santa Martha les disparan a matar, con armas de uso exclusivo del Ejército. Por eso, se tienen que valer de la oscuridad de la noche para ordeñar a los arbustos unos pocos frutos. La violencia en su contra, desde 2017 presente durante todos los meses, se intensifica en la temporada de la recolección.
Para un caficultor, no pizcar el aromático es la ruina. Con las pocas ganancias que obtiene de su venta, junta el dinero necesario para adquirir los productos que la milpa no le da. Si no comercializa el grano, no tiene ingresos. Así les ha pasado a los de Aldama durante los últimos tres años.
Igual sucede con las mujeres que se dedican a la artesanía. No sólo fueron desplazadas de sus comunidades junto a sus hijos y sus padres. Pasan cada día entre ráfagas de proyectiles, temiendo por su vida y la de los suyos, sin poder salir a trabajar.
Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, hasta el 19 de septiembre se habían producido 628 intimidaciones y agresiones con armas de fuego. Como ha documentado Ernesto Ledesma y Rompeviento.tv, la autoridad no ha intervenido para evitar los ataques; por el contrario, la policía estatal ha apoyado a los paramilitares de Santa Martha. Estos ataques han obligado a los habitantes de Aldama a construir muros de concreto para protegerse de las balas. Hasta en las escuelas han levantado parapetos (https://bit.ly/2HoNZ6W).
A partir de marzo de 2018 la ofensiva paramilitar provocó el desplazamiento forzado de más de 2 mil personas de 13 comunidades. A los de Aldama les han arrebatado casas, enseres personales, tierras, milpas, huertos, animales y el derecho a vivir en paz. Todos los días y las noches, cientos de mujeres y niños viven en el monte, bajo la amenaza de que algo malo les suceda. El hambre es su compañera habitual (https://bit.ly/3lR1RG9).
Aldama es un pequeño municipio tzotzil de los Altos de Chiapas, con cabecera en Santa María Magdalena, surgido de la remunicipalización de 1999, promovida por el gobierno de Roberto Albores, El Croquetas, para enfrentar la expansión zapatista. Durante el siglo XIX tuvo rango de municipio, hasta que en 1921 quedó subordinado a San Pedro Chenalhó (https://bit.ly/2KAUo0l).
Los agresores pertenecen al vecino ejido de Santa Martha, en Chenalhó. En 1975, la Secretaría de la Reforma Agraria le adjudicó indebidamente 60 hectáreas pertenecientes a Santa María Magdalena. Comenzó así, por un error gubernamental, un largo litigio agrario, agravado con el paso de los años por una mezcla de parcialidad y desidia gubernamental. En 2008, el Tribunal Unitario Agrario (TUA) falló en favor de Aldama las 60 hectáreas. Sin embargo, Santa Martha rechazó la decisión de los tribunales.
Pero, la pugna Aldama-Santa Martha no es la única existente en la región. Dentro de Santa Martha hay un conflicto interno que ha provocado muertes, que arranca desde la liberación de los paramilitares que perpetraron la masacre de Acteal. Hay un fuerte pleito entre la ex alcaldesa de Chenalhó Rosa Pérez y el ex síndico, que vive en Santa Martha.
A lo largo de los años, se ha negociado y llegado a acuerdos de coexistencia pacífica que no se cumplen (https://bit.ly/3pQVq8v). Mientras, en la región florece el negocio de deshuesaderos de autos robados (de buenas marcas y años recientes), el tráfico y venta de armas, la piratería y el narcomenudeo. Estas actividades muestran la presencia de grupos de la delincuencia organizada, con articulaciones nacionales, que buscan el control territorial para sus operaciones, y que sólo pueden actuar con el contubernio de las autoridades. Grupos a los que la autonomía zapatista y de comunidades indígenas estorban.
En Santa Martha actúa impunemente un grupo paramilitar con armas de alto poder y capacidad y recursos para hostigar diariamente a un municipio completo, sin que las autoridades lo impidan. Suponer que una operación paramilitar de esta envergadura es originada exclusivamente por un conflicto por 60 hectáreas, es, por decir lo menos, ingenuo. Por supuesto, el problema agrario existe y tiene que resolverse. Pero no se limita a ello. El avivamiento de las disputas intercomunitarias forma parte del manual de la guerra de contrainsurgencia. Aldama no es la excepción.
Más: desde 2006 en Oaxaca, con la lucha de la APPO, autoridades civiles subrogan en grupos de la delincuencia organizada labores de contrainsurgencia que antes se encargaban al Ejército y las policías. El modelo se ha extendido, al menos a Guerrero, Michoacán y Baja California (https://bit.ly/398LmS7). Todo parece indicar que también opera en Chiapas, donde hay una estrecha relación entre política institucional (la familia chiapaneca reloaded) y actividades criminales, como el tráfico de migrantes y el trasiego de drogas.
Twitter: @lhan55
